¡¡¡¡ VOLVEMOS!!! Un año más a organizar la manifestación y el festival por el derecho a la vivienda.

Ya tenemos cartelazo!!!

Cartelazo de grupos e ilustración de Enrique Flores

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"... derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación."

Artículo 47 de la Constitución

SIN LEY DE VIVIENDA

venta de 5.000 viviendas públicas a fondos buitre

nueva burbuja inmobiliaria

menores en la calle

SIN LEY DE VIVIENDA

juventud en Alemania

venta de 5.000 viviendas públicas a fondos buitre

menores en la calle

CON LEY DE VIVIENDA

herramientas para frenar la corrupción

alquiler social regulado

infancia protegida

CON LEY DE VIVIENDA

juventud con futuro

alquiler social regulado

infancia protegida

Una ley que afecta al conjunto de la sociedad

Una ley urgente por el derecho a la vivienda no afecta solo a las personas que tienen más dificultades para acceder a un alojamiento. Muy al contrario, afecta a conjunto de la sociedad, porque permite que esta se desarrolle con más equidad y equilibrio.

Una sociedad más justa y equilibrada

Si una sociedad no es capaz de procurar los medios fundamentales para la existencia de las personas que la conforman, es una sociedad fallida, como lo es cuando en su seno se generan y perduran brechas de desigualdad que dificultan el desarrollo de una vida plena para el conjunto de sus miembros. Esta ley trata de consolidar una sociedad más justa y equilibrada. Y eso es el interés común de toda la sociedad. Por eso mismo, la ausencia histórica de una ley que regule y facilite el acceso a la vivienda, que haga efectivo el derecho que recoge el artículo 47 de la Constitución de 1978, es un déficit del conjunto de la sociedad.

¿Hay recursos suficientes para hacerlo?

En ocasiones se ha dicho que legislar el derecho a una vivienda digna supone un coste inasumible para el conjunto de la sociedad. Que la economía no puede. Eso no es cierto. El gasto social en vivienda existe, pero se distribuye de forma poco equitativa. Históricamente, se ha destinado a la financiación directa o indirecta de la propiedad, por medio de subvenciones, exenciones de impuestos, ayudas a la financiación o el impulso directo a la producción de viviendas como mercancías. Es uno de los factores que han creado la actual brecha social y económica. El enfoque de la economía solo como movimiento o intercambio de mercancías ha dejado en segundo término otra realidad de la economía, que no es monetaria ni mercantil: la economía como forma de organizar los recursos sociales de una manera justa y equilibrada. La actual política de vivienda implica enormes costes económicos, sociales y medioambientales.

 

Racionalizar los recursos

Una ley que regule el derecho a la vivienda supondrá racionalizar esos costes y los recursos con los que cuenta la sociedad en su conjunto. El uso óptimo del sobredimensionado parque de viviendas supondrá un ahorro en términos contables, sobre todo si en el balance se incluyen los factores de reequilibrio social y medioambiental. La economía, los gastos, las inversiones, pueden buscar como resultado el bienestar social y la vida buena para el conjunto de la comunidad, no solo el beneficio monetario.

Mejor regulación, no mayores gastos

La ley no implica pagar más impuestos. Su financiación no dependerá de que el conjunto de la ciudadanía pague más, sino del reequilibrio de los recursos, la regulación óptima del uso de las viviendas –su función social–, de la proporcionalidad y de las eventuales sanciones por el incumplimiento de la ley. Es imprescindible saber que la mayor parte del gasto público relacionado con la vivienda en la actualidad no está destinado a garantizar el derecho al alojamiento del conjunto de la ciudadanía, sino a facilitar el acceso a la propiedad e incluso a la especulación y a mantener el mercado inmobiliario.

Interés general frente a especulación

Aunque la ley apuesta por un mayor número de viviendas públicas, la propiedad no es lo único importante, también lo es su uso. Desde el texto constitucional de 1978, se cuestionan los usos ilegítimos, los usos especulativos del suelo. No todas las viviendas temporalmene desocupadas tienen usos especulativos, como se ha señalado en los diversos desarrollos normativos y legales relacionados con este tema en toda Europa. Pero es preciso que las políticas de vivienda establezcan criterios prioritarios relacionados con los contextos sociales de cada tiempo y lugar. Eso es lo que hace esta ley.

Las viviendas ya están, pero no se usan

Es importante saber que hay un enorme parque de viviendas inmovilizado y vacío en nuestro estado. Y que un alto porcentaje de él lo pagamos todos por medio del rescate bancario. Sabemos también que buena parte del coste de ese rescate no se va a devolver. No elegimos hacerlo cuando se hizo, pero, una vez hecho, ese pago puede producirse en los términos que delimita esta ley: haciendo un uso social de esas viviendas desocupadas o vacías que, de hecho, pagamos entre toda la ciudadanía.

El alquiler social, un nuevo modelo

El alquiler social no está definido en esta ley para atender solo a los sectores económicamente más desfavorecidos. Es claro que es necesaria la atención inmediata a las situaciones más urgentes. Pero el alquiler social no restringido a las situaciones de extrema necesidad, progresivo y no vinculado a la demanda solvente es una apuesta por cambiar de modo paulatino y realista un modelo generalizado de tenencia –la propiedad– que se ha demostrado económicamente ineficiente, socialmente injusto y medioambientalmente insostenible. El alquiler social busca liberar a la gran mayoría de una pesadilla que añade incertidumbre, inseguridad y malestar a nuestra vida y a la de las siguientes generaciones. La extensión del alquiler social contribuirá al acceso a los mínimos vitales y al bienestar en general.

¿Y si no hay una Ley de Vivienda Urgente?

Se podría suponer que todo seguiría igual, pero es un error: la situación empeorará para un enorme sector de nuestra sociedad. La “recuperación económica” vinculada al mantenimiento del negocio inmobiliario habitual significa que los beneficios de la actividad económica se restringen a quienes monopolizan y concentran la propiedad de un bien de primera necesidad y obligan al conjunto de la población a entregar la mayor parte de sus recursos para acceder a él. Sin esta ley, la transferencia de riqueza de la mayoría hacia unos pocos se consolidará como la forma económica central de nuestra sociedad, lo que contribuirá a mantener, profundizar y perpetuar la brecha de desigualdad y a prolongar la agonía de un modelo social y económico insostenible.

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